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REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS: SNA ADVIERTE QUE PODRÍA REDUCIR EN 40% EL VALOR DE LAS PROPIEDADES AGRÍCOLAS

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El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, participó hoy en el seminario “Desafíos de las aguas en Chile: ¿Hacia dónde vamos?”, organizado por CLAPES UC, donde se debatió sobre los alcances del proyecto de reforma al Código de Aguas.

En la actividad, donde también estuvieron presentes el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga; el rector de la UC, Ignacio Sánchez; y el director de CLAPES, Felipe Larraín, el dirigente gremial lamentó que la Reforma al Código de Aguas no se enfoque en abordar los desafíos en materia hídrica. “No podemos apoyar una reforma que se enfoca en recuperar el control político del recurso, en vez de abocarse a otorgar las soluciones que urgentemente se necesitan para enfrentar la crisis hídrica que vivimos. Esta iniciativa encubre la grave falta de gestión del Estado y pretende instrumentalizar la crisis para justificar la expropiación de derechos de aguas; remplazando los derechos actuales, que son un patrimonio privado, por una concesión pública, atentando así contra la esencia de todo derecho de propiedad. Lo hemos dicho y lo reiteramos: es una expropiación encubierta al no indemnizar la pérdida de los atributos de los derechos reales vigentes, como corresponde según la Constitución”. Añadió que de prosperar la iniciativa se producirá una pérdida patrimonial para los agricultores que hará caer en 40% del valor de las propiedades (equivalente a US$ 13 mil millones), con la consiguiente baja en la valoración de los activos para efectos de garantías crediticias y del avalúo fiscal. Adicionalmente, Crespo advirtió que habrá un daño por imposición de Caudal Ecológico mínimo y diferenciado, por el fuerte impacto en la disponibilidad del recurso.

El presidente de la SNA agregó que en el marco de la discusión sobre esta iniciativa y para justificar estos cambios, “se ha tratado de instalar la idea de que los derechos fueron regalados a los agricultores, pero se está omitiendo el aporte que nuestro sector ha venido consistentemente realizando. Construimos y mantenemos operativos más de 300 mil km lineales de canales, habilitamos y operamos cientos de bocatomas y miles de marcos partidores. Por mandato legal administramos la distribución de los derechos sin aporte público,  a través de las Organizaciones de Usuarios del Agua (OUA’s) y Juntas de Vigilancia, tarea que demanda anualmente a los regantes la cifra de USD 100 millones.  Son estas contribuciones privadas las que compensan la histórica entrega de derechos sin costo y  que ha permitido habilitar con riego 1.400.000 hectáreas, base de nuestro actual desarrollo agrícola”.

En la actividad, Crespo hizo un crítico diagnóstico de la situación hídrica del país, explicando que “hay una carencia de infraestructura que permite que el 80% del agua disponible vaya a dar al mar, pese a que con una mínima inversión se podría revertir eso y aprovechar buena parte de ese recurso”. Entre otras falencias, también enfatizó en la inexistencia de un catastro de aguas subterráneas, de reservas de nieves, la ausencia de normativa sobre recarga artificial, la dispersión de funciones en la gestión del recurso, la excesiva burocracia y la incapacidad de la Dirección General de Aguas de cumplir con sus deberes.

Por ello, el líder del agro detalló las propuestas que se requieren para lograr mejorar el panorama hídrico y que deben ser promovidas por los públicos y los privados “Es urgente mejorar la  institucionalidad pública, concentrando las responsabilidades en un órgano rector único, profesionalizado, fortalecido e independiente; contar con mayor información, como por ejemplo estudios que permitan cuantificar y tener datos sobre acuíferos, nieves, ciclos geo-hídricos; incrementar la inversión en infraestructura y aprovechar mejor la ley de concesiones. En la misma línea hay que evaluar iniciativas como la carretera hídrica e impulsar un plan de regularización de derechos para los pequeños agricultores; disponer de recursos para rehabilitación de pozos precaviendo futuras sequias; y fortalecer a las Organizaciones de usuarios (OUA)”.

Crespo además se refirió a las tareas que le cabe al Estado en esta materia. “Sin duda, el sector público está al debe. Se anunció un plan de embalses que inicialmente contemplaba 16 obras de gran tamaño, pero se redujeron a ocho y ahora a sólo 3. Por otra parte, se necesita un aumento de los fondos concursables de la Comisión Nacional de Riego, aunque destacamos que se hayan incrementado los recursos para la pequeña agricultura. Y hay que dar pasos más concretos en cuanto a la mejora de los sistemas de Agua Potable Rural y piscinas de infiltración, donde actualmente solo hay planes piloto”.

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